La diputada Elisa Carrió ampliará el próximo lunes su pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".

Carrió realizó la primera denuncia contra el titular del Alto Tribunal el 5 de abril de 2017. Un año después llevará adelante una ampliación, a cuyo escrito accedió Clarín.

La “inapropiada e intimidatoria injerencia” del presidente de la Corte sobre los otros dos poderes de la República al tratar de impedir la denuncia en su contra; haber “montando un aparato de inteligencia” a través del sistema de escuchas; la acordada impidiendo que jueces ordinarios o nacionales integren los tribunales federales; o una “nueva embestida del Poder Judicial” para volver al statu quo “en materia de lucha contra la corrupción” con el accionar de los jueces que liberaron a Cristóbal López, son algunos de los argumentos que la diputada sumó a su denuncia original.

La líder de la Coalición se refiere a “acontecimientos de extrema gravedad institucional” con un tinte de “presión y extorsión” de Lorenzetti al presidente Mauricio Macri. Así interpreta Carrió que ocurrió cuando el titular de la Corte el 4 de abril de 2017 le envió a ella “una carta documento solicitando se desmienta ciertas afirmaciones que habían esgrimido sobre él”. Y el 18 de abril de 2017 hiciera lo propio comunicándole a la diputada “que iniciaría una acción de responsabilidad civil por daños”.

Luego, cita una serie de notas periodísticas que reflejan supuestos pedidos de Lorenzetti al Poder Ejecutivo Nacional para que Carrió desactive la embestida judicial en su contra.

“Las notas mencionadas revelan los intentos de presión y extorsión del Presidente de la Corte contra el Presidente de la Nación. Ha intentado infructuosamente que el Presidente Macri como líder político de la fuerza de gobierno influya sobre el Congreso de la Nación, que será en definitiva quien decida la continuidad o no de Ricardo Luis Lorenzetti como juez de la Corte”, sostiene.

En el escrito, Carrió introduce la pulseada entre el Poder Judicial y el Gobierno, en el intento de la Casa Rosada de ascender a jueces nacionales y ordinarios para que cubran vacantes en el fuero federal.

“Por medio de la Acordada N°4/2018 la Corte Suprema, so pretexto de ejercer funciones de Superintendencia y cambiando Lorenzetti su criterio en precedentes anteriores, fuera del marco de un caso concreto, se pronunció en contra de lo dispuesto en la ley 27.307”, de fortalecimiento de tribunales oral criminal federal y penal económico. En ese acordada, la Corte rechazó que el Tribunal Oral Criminal Nº 10 de la Capital Federal se convirtiera en Tribunal Oral Federal Nº 9.

Así, la Corte “a través de su presidente”, por medio de “una simple Acordada, invalida no solo una ley regularmente sancionada y que no ha sido objeto de cuestionamiento alguno, sino que además desconoce la facultad constitucional ejercida por quienes son legítimos representantes del pueblo”.

Acto seguido, Carrió cita la polémica que involucró a los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballesteros al ordenar no sólo la liberación de Cristóbal López y Fabian de Souza en la causa en que se investiga una evasión de $ 8 mil millones en su origen, sino el cambio de carátula minimizando la figura de fraude al Estado a simple evasión.

“Los dos acontecimientos relatados precedentemente —y que, reiteramos, tienen como único objetivo garantizar la impunidad de los sujetos imputados— guardan una estrecha vinculación con el Dr. Lorenzetti”, sostiene el escrito. Carrió señala que el titular de la Corte “habría incidido en el dictado de estas dos resoluciones judiciales con el fin de ‘presionar’ al Congreso Nacional para que no le envíe un pedido de informes solicitándole explicaciones sobre varias difusiones de escuchas que se filtraron en los últimos tiempos vinculados a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex titular de la AFI Oscar Parrilli”.

Otro de los puntos de la ampliación de la denuncia es el sistema de escuchas. “Todo ha sido manejado sin independencia, o con un disfraz de independencia, y que finalmente queda a cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el Presidente de la Corte, quienes están en puestos claves”.

“La Acordada N° 3/2017 genera y deja en manos del Dr. Lorenzetti un verdadero aparato de poder. Como mínimo algunos diputados de la nación nos preguntamos el por qué de la ampliación de personal en más del doble, el motivo del incremento de las interceptaciones y la razón para y la competencia para que la Corte Suprema haga inteligencia por sí misma”, dice.

“No podemos pasar por alto que el Dr. Lorenzetti está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos)”, asegura.

Y concluye que “ tuvo por objetivo hacer una oficina en la Corte con enormes atribuciones a través de la cual también se puedan realizar tareas de inteligencia paralela”.

La primera denuncia

En la denuncia del 2017, Carrió había mencionado un "oscuro patrimonio" de Lorenzetti, una dura calificación que justifica con las sospechas sobre el departamento de Puerto Madero en el que viviría el juez, perteneciente a una sociedad radicada en Rafaela -la ciudad santafesina de la que él es oriundo- vinculada a su hijo mayor. Lorenzetti no declaró ese inmueble.

Carrió también relaciona al titular de la Corte con una de las supuestas falsas mutuales investigadas en la causa Fútbol para Todos como fachadas para negociados financieros a través del cambio de los cheques que AFA pagaba a los clubes. La diputada se refiere a la mutual Pyme Rural. "El 54% del padrón de asociados de Pyme Rural realizaron su adhesión el mismo día, el 15 de mayo del 2015, entre ellos el Presidente de la Corte, sus hijos, socios y demás familiares", dice. Un detalle no está mencionado en la denuncia: la jueza de esa causa, María Servini, mantiene un enfrentamiento contra Lorenzetti tanto o más duro que el de la propia Carrió.

La denuncia también cuestiona la supuestamente "irregular matriz administrativa del Poder Judicial" a causa de "la transferencia de estructuras propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", "la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia", el "intento de no ser controlado por la Auditoría General de la Nación" y "la pelea por la caja judicial durante el trámite de las leyes de Cristina Kirchner para someter al poder judicial."

CLARIN.-

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