El fiscal trabaja preliminarmente sobre el supuesto desfalco en el Ipduv. Sostuvo que habrían detectado un faltante de alrededor de $800 millones y apuntó a cooperativas de «dudosa legitimidad»; lo había anticipado LA VOZ DEL CHACO. 

El fiscal federal Patricio Sabadini confirmó ayer que trabaja de manera preliminar en una investigación sobre el supuesto manejo irregular de millonarios fondos para la construcción de viviendas en el Chaco.

También adelantó que abarca el expediente abierto a varias gestiones del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas (Ipduv) en los últimos años, el gobernador Domingo Peppo, expresidente de ese organismo, se encuentra comprendido.

LA VOZ DEL CHACO había anticipado en recientes ediciones acerca de la puesta en marcha de nuevas megacausas sobre fondos públicos, las que se suman a Lavado I y II, por las cuales hay exfuncionarios detenidos.

El fiscal explicó que por estos momentos trabaja de manera preliminar sobre un informe técnico que acompaña a una denuncia realizada hace dos años por la ex diputada provincial Ana María Canata (UCR/Cambiemos).

Ese análisis de carácter técnico reveló un presunto faltante de $800 millones en cuanto la ejecución de unidades habitacionales pactadas entre el Ipduv y diversas cooperativas de trabajo.

Sabadini precisó -en una entrevista concedida a Radio Sudamericana- que de $1.000 millones destinados -entre 2011 y 2016- a la construcción de viviendas, solamente contarían con respaldo y justificación de gasto poco más de $200 millones.

Es decir, que existe un monto de aproximadamente $800 millones sobre los cuales no hay rendiciones ni tampoco estarían edificadas las viviendas que habían sido adjudicadas a cooperativas.

También estarían en la mira algunos intendentes y secretarios de Gobierno de municipios del norte de la provincia, vinculados a las cooperativas contratadas para levantar las unidades habitacionales para poblaciones aborígenes.

En cuanto al período en que está focalizada la investigación, el fiscal sostuvo que «una de las personas  comprendidas es el actual gobernador», por lo que indicó que «tenemos que ser prudentes teniendo en cuenta su posición institucional».

Sabadini se refirió a la investigación en marcha y confirmó que ya ha tomado «algunas testimoniales» y evalúa la manera en que realizará la presentación ante el Juzgado Federal.

Consultado respecto a la situación del gobernador, el fiscal afirmó que «la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley».

«Acá se va a seguir el mismo procedimiento como en todas las causas, independientemente de reconocer la posición institucional (de Peppo), para crear la base de la presentación para que el Juzgado investigue», agregó.

«No se está diciendo que tal o cual persona es culpable, esto hay que recalcarlo; todos somos inocentes hasta que una sentencia de condena de carácter firme diga lo contrario», aseveró.

«Esta es una investigación para ver qué ocurrió aquí, y no un acto de condena o que ocasione un estado de sospecha  o de certeza sobre la comisión de un delito», acotó.

El fiscal insistió que las averiguaciones se centran en la participación de cooperativas en la construcción de viviendas, especialmente las destinadas a comunidades de pueblos originarios.

«Nosotros tenemos la obligación de investigar; cada vez que hay una denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado, ni fiscal ni jueza pueden hacerse los sordos», señaló. 

 

LO QUE VIENE

Por último, Sabadini indicó que los próximos pasos a seguir en este caso tienen que ver con la continuidad del análisis de la información con la que cuenta para luego avanzar hacia un marco de imputación y de las personas sospechadas.

LA VOZ DEL CHACO.-

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