En conferencia de prensa realizada esta mañana en calle 18 entre 17 y 19 las familias engañadas por el Sindicato de Empleados Judiciales, volvieron a reclamar solución a sus reclamos.

Representantes de las familias damnificadas en la construcción del barrio judicial desde el año 2014 volvieron a reunirse para buscar alguna solución a sus constantes reclamos. La reunión se concretó en Sáenz Peña y estuvieron acompañados por un abogado que los asesora en esta materia. Volvieron a hacer un fuerte reclamo a las autoridades del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, que encabeza Graciela Aranda, para que les resuelva este inconveniente.

Recordaron que hay una denuncia penal en la Fiscalía de Sáenz Peña que está en camino, pero paralelamente están realizando gestiones con diferentes funcionarios.

“Hace un par de días atrás fuimos a hablar con los Diputados del Interbloque  Cambiemos quienes nos manifestaron su apoyo y sacaron una resolución al respecto,  manifestando su preocupación por las 16 familias que se vieron afectadas por esta maniobra de adquisición de viviendas”, dijo Ricardo Antonio Agüero. En esa reunión de la que participaron también familias de Resistencias afectadas por el mismo sindicato expresaron su solidaridad y tomaron el compromiso de realizar todos los informes necesarios a los distintos organismos para tener un panorama completo de que es lo que pasó con esta operatoria.

A través de la Resolución 499/18 del 7 de marzo, los diputados solicitan también a las autoridades judiciales que se aboquen a esta medida. “Estas son algunas de las gestiones  que nos propusimos como grupo de damnificados realizar, esto recién es el comienzo de una larga lucha”, dijo Agüero.

Por otro lado señalaron que van a realizar otras gestiones, entre ellas con el Defensor del Pueblo quien se comprometió la semana que viene a recibirlos  para brindarnos su apoyo y asesoramiento respecto de esta situación y o descartan una reunión con integrantes del Superior Tribunal de Justicia.

 

Recordó Agüero que hablo en nombre de las familias damnificadas que este reclamo viene del año 2014, “hemos hecho  innumerables reuniones con gente del Sindicato pero a la recha no tenemos una respuesta, hay solo silencio de su parte”. 

No dejaron de subrayar que al momento de la operatoria cada familia tuvo que desembolsar un promedio de 90 a 180 mil pesos para la compra de los terrenos.

Al ser consultado sobre cuál puede ser la solución más viable a esta altura, porque ya les dijeron que las viviendas no se van a construir, las familias estafadas piden por lo menos tener escriturados los terrenos a nombre de cada uno y a partir de allí ver si en conjunto pueden gestionar la construcción de las viviendas.

DIARIO CHACO.-

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